Agendas paralelas
El año marcado por las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución está en su última etapa y los escándalos suscitados por la clase política son el ingrediente con el que termina este año. Entre los viajes a la ciudad de Las Vegas, Nevada, por parte de altos funcionarios del municipio de Guadalajara, las irregularidades de la cuenta pública de la pasada Legislatura del estado, el irresuelto y creciente conflicto entre el Grupo Universidad y el gobierno del estado, la inundación de la propaganda de los presidentes municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que nos intentan convencer a través de espots y desplegados de que su primer año de gestión fue muy bueno, las filtraciones sobre la política exterior de los Estados Unidos hacia nuestro país y las críticas evaluaciones de los diez años de gobiernos panistas a nivel federal, nos dan un escenario muy poco halagador para el inicio del próximo año.
Todos estos hechos son una evidencia empírica más de la degradación de la clase política local, que vive inmersa en el conflicto, en la falta de transparencia, en los manejos irregulares de los recursos, en el despilfarro, en la frivolidad, en una encarnizada lucha pre-electoral y sobre todo, muy alejada de los intereses y preocupaciones de la ciudadanía.
La agenda de las y los ciudadanos se mueve a otros ritmos y en función de otros intereses. La perspectiva de la mayoría de las personas que habita el estado se enfoca en la búsqueda de la mejora de la vida cotidiana, y en muchos casos, a que ésta no se deteriore aún más. Su mirada se centra en el bienestar de la propia comunidad, en poder obtener de manera digna los satisfactores para vivir, en la necesidad de ejercer la autonomía y control sobre su territorio y poder estar en paz en su entorno inmediato. Algunos grupos de ciudadanos se han dado cuenta por su experiencia o por su formación de que, para que esa vida cotidiana mejore, se necesita hacer modificaciones mayores y estructurales; entienden que para que su barrio sea seguro se necesita abatir el problema de la impunidad, o que para que los recursos públicos se destinen a resolver las verdaderas necesidades de las colonias, se requiere vigilar la transparencia y exigir la rendición de cuentas, que para que pueda llegar a tiempo a su trabajo, es necesario que exista un plan integral de movilidad urbana. Cada vez son más las y los ciudadanos que han comprendido esto, que se organizan, que reclaman, que exigen, que se manifiestan, que proponen y que tienen su ritmo y su agenda, a veces muy distinto al ritmo y la agenda de las y los políticos.
La disociación entre las dos agendas es cada vez mayor y los efectos negativos de esta separación son más evidentes y costosos. Por un lado la ciudadanía no ve reflejados en su vida cotidiana los beneficios de sus contribuciones al fisco y su respeto de la ley. Ambas acciones se viven más como una imposición que permite que otros vivan en la impunidad y en el enriquecimiento inmoral, generando con ello la sensación reciente de indefensión, de injusticia y se empieza a dejar de utilizar las estrategias oficiales de defensa de sus derechos, porque resultan inservibles.
Por otro lado, esta separación mina con mayor profundidad las bases de la legitimidad de los gobiernos, que cada vez son menos capaces de hacer las cosas, de resolver problemas y generar proyectos, porque simplemente nadie les cree y por supuesto que nadie los apoya. Ambas dinámicas acrecientan la separación entre sociedad civil organizada y clase política, creando así un círculo vicioso de rupturas donde todas y todos perdemos.
Otro de los efectos de esta creciente disociación es que la relación entre organizaciones sociales y políticas está marcada por el conflicto, la confrontación, la mutua descalificación y la incapacidad de generar consensos fundamentales.
En el cierre del 2010 tenemos un ejemplo claro de estas agendas paralelas, por un lado la clase política trata de que sus adversarios terminen con los saldos más negativos en el término del año, intentando salir lo mejor librados de los escándalos ya mencionados; y por otro lado, los ciudadanos exigen la solución a los problemas, por ejemplo el Consejo Ciudadano para la Movilidad Sustentable (me pregunto ¿a quién aconsejan?), formado por catorce organizaciones civiles, dio a conocer un comunicado donde critican fuertemente las intenciones del gobierno de Jalisco y de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan de construir la Vía Exprés. Para este conglomerado de organizaciones el proyecto atenta contra la sustentabilidad ambiental, la salud pública, las finanzas del estado y la democracia.
Al final del texto los firmantes expresan lo siguiente: “al gobierno del estado de Jalisco. A los ayuntamientos de Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, les exigimos apertura para discutir otras opciones de inversión pública que pueden detonar desarrollo social sustentable, integración urbana, movilidad inteligente y un uso democrático de las finanzas públicas. No estamos contra la inversión. Estamos contra la imposición, el autoritarismo, la improvisación y la forma tradicional de tomar decisiones de espalda al interés público”. Luego hay una lista de los que suscriben esta petición, que llama la atención por la pluralidad de grupos sociales que la componen y que son: los presidentes de las colonias Arcos Sur, Vallarta Poniente, Vallarta Norte, Vallarta Sur, Vallarta San Jorge, Arcos Vallarta segunda Sección, Jardines del Bosque Norte y Jardines del Bosque sección Centro, Bici 10, Bici-O, Cámara Rodante, Ciudad para Todos, Centro de Infotectura y Tecnología Aplicada (CITA) A.C., COM:PLOT, Colectivo Ecologista Jalisco A.C., Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, Consejo de Organismos de la Sociedad Civil de Jalisco A.C, Guadalajara 2020, GDL en Bici, Muévete por tu Ciudad, Plan V, PROVEETHAS, Red Ciudad Joven.
Mientras que los ciudadanos interpelan a la clase política en función de resolver problemas específicos, los políticos se entretienen en echarse lodo entre ellos. Son dos agendas paralelas que siguen sin cruzarse en detrimento de todos. Ojalá que los políticos respondan ante esta interpelación y por lo pronto yo digo mi opinión sobre este tema: no a la Vía Exprés.
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